La próxima reforma sobre telecomunicaciones es una oportunidad fundamental para fortalecer los valores democráticos que nos definen como nación, específicamente la garantía al acceso a la información libre y plural, sin comprometer los derechos fundamentales de las y los mexicanos, particularmente la libertad de expresión. Por ello, es crucial que este proceso legislativo no se convierta en una imposición autoritaria, sino en un paso firme hacia un marco normativo que fortalezca nuestras instituciones democráticas y proteja la diversidad de voces en el país.
La importancia de escuchar las inquietudes sociales en el proceso de construcción de esta reforma no puede ser subestimada. A lo largo de los foros públicos organizados, hemos tenido la oportunidad de escuchar a especialistas, académicos, medios de comunicación, y la sociedad civil, quienes han expresado de manera clara y contundente sus preocupaciones sobre los posibles riesgos de la reforma. La centralización del poder y la falta de mecanismos claros de rendición de cuentas son preocupaciones legítimas que debemos atender. La reforma debe ser construida con la participación de todos los actores sociales, asegurando que no se limite el acceso a la información ni se abran puertas a la censura ni a la intervención política en las voces libres de los medios de comunicación.
Desde la presidencia de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de las y los Diputados, el compromiso institucional es claro: defender un proceso legislativo transparente, abierto y plural. Es por ello que, hasta hoy, hemos impulsado tres foros de consulta como una plataforma efectiva para escuchar a todos los actores involucrados, y que sus voces se concreten en la nueva legislación en telecomunicaciones en México, para ello, estamos convencidos que el debate sobre telecomunicaciones se debe fundamentar en la reflexión abierta y democrática, en donde las decisiones no se tomen a puerta cerrada, sino con la participación activa de la sociedad.
Estoy convencido de que este proceso debe dar como resultado un marco normativo que fortalezca las libertades de las y los mexicanos, que proteja sus derechos fundamentales y fomente un entorno de pluralismo informativo. El acceso a la información, además de un derecho, es también una obligación de todos los actores políticos, y desde la Cámara de las y los Diputados, continuaremos trabajando para que la reforma en telecomunicaciones sea una en la que se impulsen: la libertad, el acceso a contenidos diversos, y la protección de las familias mexicanas frente a cualquier intento de control o censura estatal.
La construcción de una nueva ley de telecomunicaciones debe ser un proceso que manifieste madurez democrática. Con un compromiso firme hacia la apertura, la transparencia y la protección de los derechos humanos, trabajaremos para que esta reforma sea un avance hacia una México más libre, más democrático y más informado.