La discusión de una nueva Ley Federal en materia de Telecomunicaciones representa un elemento clave en la democracia mexicana, ya que la conectividad resulta un pilar fundamental para la protección de las familias y los hogares mexicanos: es a través de la libertad de expresión y del acceso a la información que cada familia forja su proyecto de vida, educa a sus hijos y ejerce con plenitud su ciudadanía.
La reforma constitucional de simplificación orgánica impulsada el año pasado por el actual Gobierno ha restado equilibrios institucionales y dejado en un limbo de discrecionalidad a las telecomunicaciones. El siguiente paso —esta ley reglamentaria— corre el riesgo de concentrar en un órgano dependiente del Gobierno -la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones- atribuciones enormes sobre el espectro radioeléctrico e internet, con facultades para definir permisos, sanciones y hasta contenidos. Esa amenaza centralista se constituye como una puerta de acceso a decisiones arbitrarias que podrían usarse como premios o castigos políticos.
En el fondo de este debate está la calidad y pluralidad de la información que llega a millones de hogares. Nos preguntamos: ¿Qué sucederá con la prensa crítica? ¿Cómo se defenderán las voces independientes, las denuncias ciudadanas y los contenidos que no dominen la narrativa oficial? Hoy, definitivamente, corremos el riesgo de que se imponga una nueva ley que silencie, o al menos socave, la diversidad de opiniones que es esencial para la formación de nuestras niñas y niños, y para el bienestar de nuestras familias.
En la bancada del PAN, desde el inicio hemos asumido una postura responsable, proponiendo e impulsando mecanismos de parlamento abierto, foros de consulta con académicos, asociaciones civiles y expertos en derechos humanos, y la inclusión de candados que garanticen transparencia, procedimientos claros y la intervención eventual del Poder Judicial ante actos reglamentarios cuestionables.
Rechazamos cualquier atisbo de autoritarismo en el control de las telecomunicaciones y exigimos un proceso legislativo abierto al diálogo y a la supervisión ciudadana. Nuestra defensa es de las libertades de expresión y crítica, y de la democracia misma.
En las próximas semanas, trabajaremos sin descanso para que la nueva Ley Federal en materia de Telecomunicaciones marque un paso adelante en pluralidad y calidad informativa, no en censura ni control gubernamental.
Las familias mexicanas merecen acceso a contenidos diversos y de calidad. El PAN estará al frente de esa defensa, promoviendo un marco legal que fortalezca a los ciudadanos y proteja a los hogares mexicanos de cualquier intento de concentrar o manipular la información. Con ánimo constructivo y firmeza democrática, abramos juntos el camino hacia un futuro de telecomunicaciones abierto, plural y al servicio de todas las familias de México.