El pasado 1 de abril de 2025, el Gobierno de México presentó sus precriterios de política económica para 2026, dando inicio al debate sobre la construcción del próximo Presupuesto de Egresos. Sin embargo, al revisar las cifras propuestas, surge una inquietud ineludible: ¿Está el Poder Ejecutivo priorizando realmente la seguridad y la tranquilidad de las familias mexicanas?
En un contexto nacional en el que ocurren más de 40 mil homicidios cada año, resulta alarmante que el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública apenas supere los 10 mil millones de pesos. Esta cifra, además de no representar un incremento sustancial respecto al ejercicio actual —que contempla más de 9.3 billones de pesos en gasto total—, evidencia una falta de corresponsabilidad con los desafíos que enfrentan nuestros municipios y estados en materia de prevención, fortalecimiento de cuerpos policiales y combate al crimen organizado.
La asignación para la búsqueda de personas desaparecidas es igualmente preocupante: tan solo 889 millones de pesos, cuando en el año anterior se registraron más de 30 mil casos. Esta cifra presupuestal materializa una vez más, la deuda de compasión y justicia con las familias que aún viven en la incertidumbre y el dolor de la ausencia forzada.
Los programas de atención a víctimas del delito y de protección de derechos humanos tampoco escapan a la tendencia de marginación presupuestal: 1,059 millones y 838 millones de pesos, respectivamente. Dinero insuficiente que podría traducirse en más apoyo público para quienes han sufrido la tragedia de la violencia, así como en mecanismos efectivos para garantizar el respeto irrestricto de las garantías individuales.
Partiendo del principio de que el compromiso de los gobiernos se refleja en la inversión que destinan a las problemáticas sociales, no es exagerado afirmar que, en términos presupuestales, el Gobierno Mexicano margina temas tan sensibles como la seguridad pública, la atención a víctimas, los derechos humanos y la búsqueda de desaparecidos. Al dejar estas partidas en segundo plano, se debilita la confianza de las familias en sus instituciones y se compromete el tejido social que todo Estado debe proteger.
Como integrante del Grupo Parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, asumo el firme compromiso de procurar y defender la asignación de un presupuesto justo para 2026, que represente un verdadero respaldo al fortalecimiento de la seguridad municipal y estatal, al acompañamiento digno de las víctimas y a la búsqueda incansable de quienes aún no regresan a casa. Trabajaré desde la tribuna y en comisiones para que los recursos asignados salvaguarden el patrimonio y la integridad de los hogares mexicanos.