México se encuentra en un escenario que, en el futuro a corto plazo, puede comprometer nuestras libertades fundamentales. La reforma de simplificación administrativa, impulsada por el gobierno mexicano, ha impactado gravemente en paradigmas esenciales como la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos, afectando también sectores tan vitales como las telecomunicaciones y la competencia económica. Estas áreas, pilares del progreso y el desarrollo económico, merecen un debate profundo y plural.
La inminente expedición de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, cuyo plazo vence el 18 de junio, subraya la necesidad de transformar procesos legislativos centralizados y ajenos al diálogo social, impulsados desde el gobierno de México y su representación parlamentaria. Una legislación improvisada y desprovista de una consulta amplia puede convertirse en un instrumento para limitar el derecho humano a la libre expresión y para propiciar la captura de sectores estratégicos, favoreciendo intereses particulares sobre el bien común.
Es indispensable que el gobierno de México, desde su grupo parlamentario en las Cámaras de Diputados y Senadores, garantice algunos mínimos en la expedición de una nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión:
Primero, escuchar a las voces expertas para evitar decisiones basadas en intereses partidistas o presiones coyunturales.
Segundo, resguardar el derecho a la libre expresión a fin de permitir que todas las voces, especialmente las críticas y disidentes, puedan expresarse sin temor a represalias.
En tercer lugar, el gobierno mexicano debe asegurar objetividad e imparcialidad en la toma de decisiones regulatorias y en materia de competencia económica, sin que el sector se incline a prácticas de monopolio o abuso de poder.
Finalmente, se debe prevenir la captura mediática con el objetivo de reducir riesgos de empleo de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión para fines propagandísticos, adoctrinamiento o para limitar el derecho a la información.
Como Diputado Federal del PAN y, en particular, como Presidente de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de las y los Diputados, me comprometo a procurar y defender un proceso legislativo transparente, abierto y participativo; entendiendo como un deber irrenunciable, impulsar un parlamento que escuche a la sociedad, a los expertos y a la comunidad académica, asegurando que la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión se convierta en un instrumento para fortalecer nuestras libertades, impulsar la calidad democrática y garantizar que los contenidos críticos y de calidad lleguen a cada hogar mexicano.