La realidad que hoy enfrentan las familias mexicanas representa un crucigrama lleno de hostilidades de orden económico, cultural, ambiental, político y social, en el que la solución no termina por aparecer, siendo la supervivencia diaria la única meta realista a la cual -parece- se puede aspirar en este país.
Ante esta realidad, cada vez somos más personas las convencidas de que el único camino para rescatar a México es poniendo al centro de la agenda pública la protección de la vida y la defensa de la familia.
En un país en el que -según cifras del INEGI (ENVIPE, 2024)- la delincuencia ha logrado victimizar a prácticamente, y en promedio, a una persona por cada hogar, resulta necesario trabajar con urgencia por proteger a las familias mexicanas que de manera dolorosa testifican cómo la extorsión, el fraude y el robo -como los delitos más comunes en México- arrebatan su patrimonio construido de manera honrada.
Este es el México en que vivimos: un país en el que -en promedio- más de 30 mil homicidios anuales rompen los hogares; un territorio en el que la mayoría de los delitos ocurren en contra de nuestros jóvenes según cifras del INEGI (ENVIPE, 2024), una nación en la que anualmente 38 mil niñas, niños o adolescentes son víctimas de la delincuencia, una realidad en la que la corrupción de menores registra su máximo histórico (REDIM, 2024).
¿Debemos conformarnos con un país que no termina por ofrecer el acceso a la salud a todas las personas y con ello cuidar el bien más valioso que es la vida?
¿Estamos destinados a vivir en una nación contaminada en la que el ambiente natural cada día representa una amenaza más preocupante a la vida de las y los mexicanos, y en la que nuestra niñez y juventud deban enfrentar el costo de las malas decisiones?
Obviamente la respuesta es una negativa rotunda ante tales planteamientos.
Las cosas tienen que mejorar para las familias mexicanas. Es por ello que, a punto del inicio del próximo periodo ordinario de sesiones en la Cámara de las y los Diputados resulta necesario reflexionar sobre los temas en que debe centrarse la agenda legislativa y la respuesta evidente y obvia son: la defensa de la vida y la familia.
Las reformas legales que impactarán sobre el manejo del fondo de vivienda de las y los trabajadores en México, la protección de datos de las personas y el acceso a la información pública, el acceso universal a la salud o la representación política -entre otros temas- sólo tendrá significado y un verdadero sentido social, si ponen al centro de la discusión la protección, cuidado y mejora de la vida, y la defensa de las familias mexicanas en sus intereses más elementales.
Desde el PAN extendemos nuestro compromiso por orientar cada una de nuestras acciones legislativas en los que debieran ser los principios fundamentales de la agenda pública mexicana: el cuidado de la vida y la protección de las familias.