En el cierre de 2024, México enfrenta tres decisiones devastadoras del gobierno de Morena encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Estas acciones no solo representan retrocesos institucionales y democráticos, sino que también afectan directamente los derechos y el bienestar de los ciudadanos.
Primero, la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), es un grave golpe a la democracia y a la rendición de cuentas. Estos organismos no son un lujo ni un capricho; son pilares que garantizan que el gobierno no abuse de su poder. El INAI protege nuestro derecho a saber cómo se gastan los recursos públicos; el IFT asegura que las telecomunicaciones sean accesibles y equitativas, y la COFECE evita monopolios que afectan a los consumidores. Su desaparición deja mal parada a la sociedad mexicana frente a un gobierno que concentra el poder sin contrapesos.
Segundo, la inminente aprobación de la ampliación de los supuestos de prisión preventiva oficiosa representa un retroceso en materia de derechos humanos. Este peligroso mecanismo, dotado de inconstitucionalidad manifiesta, corre el riesgo de ser utilizado de manera indiscriminada y discrecional por el poder público, creando el riesgo de que personas inocentes estén tras las rejas sin juicio. Lo cual resulta peligroso en un país necesitado de una justicia garantista, así como respetuosa de los derechos de todas las personas.
Finalmente, la propuesta del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025 es un desdén a las prioridades de las y los mexicanos. La reducción del gasto público en salud y educación afecta directamente a las familias más vulnerables. En un país donde millones carecen de acceso a servicios médicos dignos y a una educación de calidad, Morena prefiere destinar recursos a sus fastuosos proyectos en lugar de invertir en el futuro de las personas. Además, el recorte a los recursos para estados y municipios estrangula a los gobiernos locales, limitando su capacidad de atender las necesidades básicas de sus comunidades.
Como oposición, alzamos la voz ante estos atropellos a la democracia, la rendición de cuentas y el federalismo. Ante estos tres grandes descalabros, el PAN en la Cámara de Diputados seguirá luchando por defender los contrapesos democráticos, impulsando reformas que garanticen el respeto a los derechos humanos, y buscando eliminar los abusos de la prisión preventiva oficiosa. Además, propondremos un presupuesto que priorice la salud, la educación y el desarrollo local por encima de los caprichos del gobierno central.
En Acción Nacional tenemos clara nuestra agenda: trabajar por un México democrático y justo, donde las decisiones del gobierno -en un marco de rendición de cuentas- respondan al bienestar de las personas y no a la concentración del poder.